Venezuela tachó de "infame" el informe que consignó Human Rights Watch (HRW) ante la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas, y en el que se acusa al Gobierno del país caribeño de cometer "abusos aberrantes" en la región occidental de Apure, fronteriza con Colombia.

"Artículos del New York Times y otros medios, así como un infame informe de HRW, buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista (sobre Venezuela). ¡Fracasarán!", dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en un mensaje difundido en Twitter.

En la misma publicación, el funcionario afirmó que la denuncia de HRW se produce "ante la imposibilidad de derrocar" al Gobierno venezolano, que preside Nicolás Maduro desde 2013, al tiempo que señaló a "los agresores contra Venezuela" de coordinar sus "acciones mediáticas".

"Esta campaña coincide con la confesión de miembros de la oposición golpista que, desde Estados Unidos, han aceptado que se desarrolla una guerra híbrida contra Venezuela con el fin generar caos y violencia", añadió.

De acuerdo con el informe de HRW, el Gobierno venezolano ha cometido abusos contra la población civil del estado de Apure en el marco de un operativo militar contra grupos irregulares, que la ONG identifica como una escisión de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, conocida como el Frente Décimo Martín Villa.

En concreto, la organización ha entregado a la CPI y las Naciones Unidas un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.

Los combates entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los grupos irregulares empezaron el pasado 21 de marzo y han dejado al menos 8 militares y 9 "terroristas" fallecidos, sin que se agreguen a este recuento el número indeterminado de efectivos muertos que reportó esta misma jornada Venezuela.

Además, el operativo ha dejado unos 40 detenidos, aunque HRW alega en su informe que muchos de los arrestados "no eran miembros de grupos armados", sino parte de la población local.

La ONG llegó a esta afirmación después de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.

EFE